Casi 6.000 tucumanos fueron detenidos hasta ahora por violar la cuarentena ordenada por el gobierno nacional.
Algunos por salir a pasear, por ir a visitar amigos o parejas, por reunirse a jugar al fútbol, por pretender correr mountain bike, por organizar asados o fiestas, por pescar en el dique El Cadillal (donde además incumplían con la veda de pesca), y hasta por ir a hoteles alojamiento (que tampoco debían estar abiertos), según reveló el fiscal Carlos Picón en “Panorama Tucumano”, el último miércoles.
En el programa de LA GACETA, el fiscal explicó que la vara de la Justicia no mide a todos por igual, sino que se ajusta a un principio de objetividad y tomando en cuenta el contexto de la transgresión o del delito. “No hay privilegiados para este Ministerio Fiscal”, desafió Picón.
No es lo mismo, dijo, una persona que viola la cuarentena que vive hacinada en dos piezas con 10 parientes, que está obligada a salir a trabajar para alimentar a su familia, que no dispone de los medios para estar informada o que no alcanza niveles básicos de educación, que un ciudadano con recursos, informado y educado, que viola las normas para ir a jugar al póker a la casa de unos amigos.
Esto se llama ecuanimidad. Es la igualdad ante la ley que profesa el Derecho, pero entendiendo cada situación y cada caso en particular, sopesando intereses, necesidades y obligaciones.
No se puede juzgar del mismo modo a un profesional instruido y de alto poder adquisitivo que violenta las normas y agrede al personal de seguridad para andar en bici por un country, que a un plomero que sale en moto para hacer un trabajo y darles de comer a sus hijos.
Más grave aún si el infractor es un médico o un funcionario judicial, como ocurrió en Tucumán.
El 24 de abril fue arrestado el intendente de Las Lagunas, localidad ubicada a 140 kilómetros al norte de la capital de San Luis, por reunirse a comer un asado junto a otras siete personas.
Por orden del Juzgado en lo Penal, Correccional y Contravencional de la Tercera Circunscripción Judicial, el alcalde Américo Chávez y otros siete comensales fueron trasladados a la comisaría de la zona, a quienes además se les secuestró una camioneta Volkswagen Amarok y un Fiat Palio.
La distancia social del pádel
A mediados de abril, dos funcionarios de la Municipalidad de Lules fueron despedidos y puestos a disposición de la Justicia tucumana, luego de que la Policía los descubriera jugando al pádel, violando el confinamiento obligatorio.
El sábado 18 de abril, el legislador jujeño Pedro Belizán, presidente del bloque de Diputados del Partido Justicialista, fue arrestado junto con una decena de personas, por infringir el artículo 205 del Código Penal de “Delitos contra la salud pública”, cuando fue encontrado en una fiesta, con música a todo volumen.
Sin embargo, poco después Belizán, amparándose en sus fueros legislativos, recuperó su libertad.
Ese mismo sábado por la noche, a raíz de una denuncia de vecinos por ruidos molestos, fue arrestado el secretario de Gobierno de la ciudad cordobesa de Mattaldi, Octavio Cavallero, junto a otros cuatro hombres, en un galpón donde se faenan cerdos, mientras disfrutaban de un asado con un ruidoso karaoke. Además de infringir el artículo 205, fueron acusados de “escándalos y molestias a terceros” y “ebriedad o intoxicación escandalosa”.
“Quiero pedir una disculpa pública. Esto ha sido un error, nunca debió pasar, pero fue algo imprevisto”, declaró más tarde Cavallero.
Durante el operativo también se secuestraron un automóvil Audi Q5 y una camioneta Fiat Strada.
Por similares motivos, en Santiago del Estero, separaron de sus cargos al subdirector del Hipódromo y a otros tres funcionarios provinciales y municipales.
Siguen los despidos
También en Santiago fue arrestado Roger Eduardo Gallo Luzzi, director general de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia. A Gallo Luzzi le secuestraron la camioneta en la que circulaba sin justificación y fue despedido por el gobernador Gerardo Zamora.
A fines de abril fue detenido un alto funcionario de la AFIP de Corrientes. Además de violar la cuarentena, manejaba borracho y golpeó a un policía con su vehículo cuando intentaba darse a la fuga.
El gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, echó a José Luis Rodríguez, funcionario del Ministerio de Desarrollo Social y ex intendente de Santa Isabel, por violar el confinamiento y conducir ebrio. Además fue recluido.
Incluso en Catamarca, una de las dos únicas provincias argentinas, junto con Formosa, que no registran casos de coronavirus, fue apresado el intendente de Recreo, Luis Polti, y otros cinco funcionarios municipales, mientras pescaban en el dique Motegasta, en Icaño, departamento de La Paz.
Varios concejales de distintas ciudades del país engrosan la lista de delitos contra la salud pública, como la concejala de Perito Moreno, Santa Cruz, Valeria Casarini, prima del intendente Mauro Casarini (Partido SER, aliado al PJ), quien además golpeó y mandó al hospital a una mujer policía; o el concejal catamarqueño Víctor Darío Hauy (Cambiemos), detenido dos veces en un lapso de ocho horas por conducir alcoholizado; o el concejal de Puerto Iguazú Ernesto Benítez (Frente Renovador), arrestado por violar el confinamiento y por manejar con alcohol en sangre; o la concejala Micaela Gabatier Da Silva (PJ), de Colonia Benítez, Chaco, una de las provincias más afectadas por la pandemia, detenida por la Justicia por organizar una fiesta.
La lista de personas con distintos niveles de responsabilidad pública arrestadas es extensa y no termina acá; estos son sólo algunos ejemplos.
Tucumanos, siempre grandes
En Tucumán no andamos con pequeñeces, acá todo se hace con estridencia y a lo grande, quizás por ese complejo de provincia chica que tenemos.
Como el delegado local de Uatre, el sindicato de los trabajadores rurales y estibadores, Ricardo “Remache” Ferreyra, que no sólo organizó un asado con fiesta y karaoke que se extendió desde el sábado 8 de mayo hasta el domingo, sino que hicieron un video y lo subieron a las redes sociales para compartir la felicidad del gremio.
En la filmación, que luego fue borrada, se veía a varios integrantes del gremio en plena cuarentena, rodeados de abundante alcohol, asado y cantantes improvisados.
“Es indignante que mientras los trabajadores rurales pasan hambre, este señor ande de asado y vino con sus amigos”, denunció la concejala de la ciudad de Alberdi y dirigente del Movimiento Nacional de Obreros Rurales “8 de Octubre”, Dalinda Sánchez.
Esta vez lo clavaron a “Remache”. Sin embargo, nada se le puede recriminar al sindicalista por andar enfiestado, si los máximos jefes de la provincia, con sus acciones, nos autorizan a romper el confinamiento obligatorio y a violar la ley.
El brindis de los tres poderes
Ese mismo sábado en que “Remache” hacía karaoke con un micrófono en la mano y un vaso en la otra, el gobernador Juan Manzur y el vicegobernador Osvaldo Jaldo disfrutaban de un concurrido asado, regado con abundante y costoso vino, en la casa del intendente de La Banda del Río Salí, Darío Monteros, y de su esposa, la diputada nacional Gladys Medina.
La comilona se completó con la presencia de otros tres intendentes, Carlos Nájar (Las Talitas), Javier Noguera (Tafí Viejo), y Aldo Salomón (Alderetes); tres ministros, Miguel Acevedo (Interior), Gabriel Yedlin (Desarrollo Social) y Rossana Chahla (Salud), además del legislador Gerónimo Vargas Aignasse. Y falta la cereza que comieron en el postre.
No se habrá enterado el implacable fiscal Picón que las máximas autoridades de la provincia estaban violando el artículo 205 del Código Penal y que, por lo tanto, debían ser arrestadas.
Resulta extraño, ya que de ese asado ilegal también participó el vocal de la Corte Suprema de Justicia, Daniel Leiva.
Es decir, las principales autoridades de los tres poderes del Estado hicieron un asado concurrido y violaron la cuarentena obligatoria y nadie les pidió una explicación.
Diferente sería que hubiera estado Manzur recorriendo obras, escuchando necesidades, supervisando tareas. En cambio, estuvo compartiendo carne y vino con Jaldo y con Leiva, y rodeados de amigos y sonrisas.
Un privilegio que los 6.000 tucumanos detenidos no pudieron darse.
“Le pido a toda la población que tenga prudencia y serenidad. Que sólo salga a la calle la gente que lo necesite y que el resto se quede en sus casas”, solicitó Manzur el martes.
Habrá que ver qué entiende el gobernador por “necesidad”, o sabrá que su palabra ha sufrido ya más devaluaciones que el peso.